Identidad, educación y trabajo en contextos de encierro

 

El número de personas privadas de libertad creció un 600% entre 1963 y 2012, llegando actualmente a los 9.300 reclusos. Según datos del I Censo Nacional de Reclusos (Ministerio del Interior / UdelaR, 2010)  cerca del 40% de los presos no tenía trabajo al momento de la reclusión, y gran parte de quienes sí trabajaban lo hacía de forma precaria e inestable. Por otra parte, el 60% no finalizó Ciclo Básico.

 

 

El Espacio de Formación Integral "Fortalecimiento de los procesos educativos/productivos en contextos de encierro", llevado adelante en 2011 por las facultades de Ciencias Sociales, Economía y Regional Norte, se propuso trabajar en la articulación de los procesos educativos y laborales de las personas privadas de libertad en dos cárceles de Salto y Paysandú respectivamente.


Según comenta la socióloga Clara Musto, docente del EFI, una de las primeras observaciones del proyecto fue que las dos esferas -la educativa y la laboral- raras veces se cruzaban: “por un lado estaban los que trabajan en emprendimientos productivos y por otro los que iban a clases”.

 

Desde 2003 funciona el programa de Secundaria “Educación en contextos de encierro”, que posibilita a los reclusos cursar ciclo básico y bachillerato. Al día de hoy, cuenta con más de 1.100 inscriptos en 13 departamentos del país. La Ley de Humanización del Sistema Carcelario aprobada en 2005 establece que por cada dos días de trabajo o estudio se les conmutará a las personas un día de reclusión. Sin embargo, más de la mitad no accede a ese beneficio. Dentro de las cárceles, 6 de cada 10 reclusos no trabaja y más de la mitad de quienes sí lo hacen no recibe remuneración, porcentaje que asciende al 70% en el Interior.


Ana Vigna, coordinadora del EFI, destaca que los únicos trabajos estables en los centros de reclusión son las “fajinas” (tareas de limpieza, cocina y mantenimiento general vinculadas a la vida cotidiana en las cárceles) para la cual se obtiene redención de pena pero no remuneración. Otra forma de acceso al trabajo es a través de la propuesta por parte de los reclusos de desarrollar emprendimientos productivos en el establecimiento. Una vez presentado, el proyecto es evaluado por un técnico que estudia su viabilidad y la disposición de espacio en el centro, y una vez aprobado, los gastos y las inversiones corren por cuenta del recluso. “Esto genera que cuando el referente de un emprendimiento sale en libertad, por lo general se lleva las herramientas y las máquinas de trabajo y se discontinúa el emprendimiento”, explica Musto.


En estos casos, quien lleva adelante el emprendimiento redime pena y además cobra, aunque debe dejar un porcentaje de sus ganancias al establecimiento. Sobre este tema hubo una fuerte demanda de los reclusos al inicio de trabajo del EFI en las cárceles, recuerda Vigna. “Surgía de parte de ellos el interés por saber algunas cuestiones respecto a las normativas en general. Por ejemplo, la ley establece que 8 horas es lo máximo que se puede redimir de pena por día, por más que se trabajen más horas. Eso no estaba del todo claro entre algunos reclusos. Por otra parte, para saber cuánto debían aportar al establecimiento, había varias dificultades ya que en general no tenían registro de lo que ganaban, gastaban o invertían.”

 

Musto explica que un aspecto que les llamó la atención es que no está muy difundido el trabajo colectivo en la cárcel. “La forma en que están planteados los mecanismos para trabajar no ayuda, ya que el que representa al emprendimiento -llamado 'referente'- es uno solo, y los demás tienen la figura de 'contratados'.”

 

A nivel educativo, se observó que existe la necesidad de capacitarse en un oficio para tener más posibilidades laborales al salir. A pesar de la fuerte demanda de formación técnica, la UTU está presente sólo en una cárcel a nivel nacional. Según las docentes, esto se explica debido a que la UTU no tiene un programa específico para contextos de encierro como sí lo tiene Secundaria y eso ha obstaculizado su implementación. La oferta educativa que hay hoy es básicamente primaria y secundaria.


“Lo que cuesta es verle la utilidad a la educación. Algunos docentes aluden a la falta de autoestima de los reclusos y a sus malas experiencias respecto a la vida en las aulas”, opina Vigna. Según la docente, sí se ve un beneficio en cuanto a la redención de pena y a poder salir de la celda y relacionarse con otra gente.


Uno de los objetivos del EFI fue articular con Regional Norte para captar el interés por la temática de estudiantes y docentes, que haga capaz sostener el proceso en el tiempo con fuerzas locales, ya que la distancia fue un factor que generó dificultades.

 

 

Junto con el Programa de Comunicación de Extensión Universitaria, se realizó un documental que buscó rescatar diferentes testimonios de reclusos y docentes en torno a la identidad, la educación y el trabajo en las cárceles de Paysandú y Salto. Fue proyectado en ambos centros penitenciarios junto a gran parte de sus protagonistas, y también en el Seminario “Del modelo punitivo al modelo socioeducativo”, realizado en Regional Norte en febrero de este año.


Vigna y Musto coincidieron en que no hay una estructura fuerte en las cárceles que se sostenga por sí misma sino que la situación de cada centro depende en gran medida de las voluntades individuales.


A pesar de las dificultades y las frustraciones, Vigna concluye esta experiencia con sentimientos encontrados. “La situación en las cárceles está tan relegada que te genera mucha frustración porque sentís que lo que podés llegar a aportar es casi insignificante en relación a todos los problemas que hay. De todas formas te das cuenta de lo importante que puede llegar a ser para quienes están privados de libertad este tipo de experiencia, pequeñas charlas, gestos, o hasta acordarse del nombre de la persona.”

 

 

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